Esto supone el 40% de todas las bajas revisadas. Según los datos incluidos el Informe de evaluación del Pacto de Toledo entre 2011 y 2015, este porcentaje de prestaciones que se han comprobado irregulares fue similar en 2014 y 2013 y ligeramente mayor en 2012 (45%). El control no se produce siempre con la visita a instalaciones médicas del trabajador enfermo, sino que usan métodos de criba para detectar posibles fraudes. Entre estos métodos están contrastar la duración de la baja en cuestión con la duración estándar de esa patología o su duración óptima; el acceso a los historiales médicos por parte de los inspectores médicos del INSS; o el análisis detallado de los trabajadores “hiperconsumidores” de la prestación y de los médicos “hiperprescriptores” de bajas médicas. En el caso de la jubilación parcial, la Seguridad Social controla que no se produzca fraude en connivencia con el empresario, para facilitar el acceso, cuyas condiciones se han ido endureciendo. Así, desde 2012 la inspección de la Seguridad Social ha abierto casi 5.000 expedientes de responsabilidad empresarial, en los que ha reclamado una deuda de 33,2 millones.

El Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Tributaria firmarán en las próximas semanas un convenio de colaboración en materia de formación, investigación y publicaciones para la realización de actividades conjuntas que permitan un mejor posicionamiento para hacer frente los mecanismos de fraude cada vez más complejos y la delincuencia de trasfondo económico.

El que viene caracterizado por el control que ostenta, directa o indirectamente, una sociedad sobre otra u otras y no por la existencia de una unidad de decisión en el mismo. Esta sentencia de 4 de marzo de 2016, es la segunda que se emite y, por tanto, sienta nueva jurisprudencia sobre uno de los asuntos más polémicos entre las indefiniciones de conceptos de la ley Concursal de 2003 (LC).

Una empresa ha tenido que pagar la indemnización de 131.000 euros por despido improcedente que le correspondía a un empleado con 41 años de antigüedad al que la compañía relegó a un puesto de menor responsabilidad. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró conforme a derecho la extinción de la relación laboral a instancias del trabajador por el perjuicio a su formación profesional y menoscabo de su dignidad. La sentencia recuerda que para que el trabajador pueda solicitar la resolución del contrato es necesario que se haya producido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de manera unilateral por el empresario y que esta decisión empresarial resulte lesiva para la formación profesional o la dignidad de la persona trabajadora. Y esto sucede “tanto en los casos en que el empresario no le encomienda tarea alguna, como cuando le asigna funciones de grupos profesionales inferiores, o le impide la adquisición de conocimientos precisos para su desarrollo profesional.

Todos los partidos llevan en sus programas electorales medidas en ese sentido. A los precios bajos se une el hecho de que España es uno de los países que menos grava a la gasolina y al gasóleo.  Los últimos datos de la Comisión Europea revelan que, en el caso de la gasolina de 95 octanos, solo hay siete países (Rumanía, Letonia, Lituania, Estonia, Hungría, Polonia y Bulgaria) que paguen menos impuestos que España, cuya factura fiscal es casi la mitad de lo que pagan Holanda o Reino Unido. En el caso del gasóleo también solo hay siete países (Hungría, Letonia, Polonia, Grecia, Luxemburgo, Lituania y Bulgaria) donde la fiscalidad es menor. La factura en Italia o Suecia casi duplica a la española. El tercer argumento es la lucha contra el cambio climático y la penalización vía impuestos a las energías más contaminantes.

Llegan cambios normativos desde Europa con el objetivo de fortalecer las reglas de buen gobierno y transparencia de las compañías. Uno de ellos es la transposición de la directiva comunitaria sobre abuso de mercado y su respectivo reglamento de aplicación. Actualmente, la legislación española obliga a los mismos vocales a comunicar cualquier transacción de títulos entre las compañías de las que son consejeros. Sin embargo, en la práctica, este requisito es difícil de cumplir y los administradores siempre pueden ampararse en el desconocimiento de la operativa diaria de la compañía, sobre todo, cuando se trata de vocales independientes, que no están en el día a día de la empresa. “Ahora, es la sociedad la que tiene la obligación de comunicar” la transacción. La normativa no se refiere a las participaciones de control, que se regulan por otra ley, pero sí a las pequeñas transacciones (aunque afecten sólo a una única acción), que hasta ahora podían pasar desapercibidas.

En los despidos objetivos -al amparo del artículo 52. c) del Estatuto de los Trabajadores (ET)-, el empresario no tiene que precisar en la carta de despido el motivo por el que suprime el puesto de trabajo o cesa al trabajador, incluso cuando no quepa deducir la relación del puesto con la causa invocada. Así lo determina el TS, en una sentencia del 14 de noviembre de 2015. El ponente del fallo, determina que “una vez delimitadas las causas y sus ámbitos de afectación entre el personal, corresponde al empresario determinar qué contratos deben ser extinguidos”. En este sentido, continúa “la decisión empresarial no debe ser sometida a censura judicial”. La sentencia cuenta con dos votos discrepantes.

Un servicio ideado para facilitar la presentación de la declaración de la renta. En todo caso, no desaparece ni el borrador ni el Programa Padre, sino que ambos modelos se integran dentro de Renta Web para ofrecer, según fuentes de la Agencia Tributaria, un servicio más interactivo o dinámico. Por ejemplo, los contribuyentes que declaren a través de Padre ya no deberán instalar el programa informático, ni tener la última versión de Java. Hacienda recuerda que cada vez más contribuyentes utilizan tabletas o teléfonos para realizar trámites fiscales en lugar de ordenadores.

Actualmente, para retener dinero ubicado en una cuenta a plazo fijo, un agente tributario debe personarse en la entidad financiera y dar en mano la diligencia de embargo para que la entidad financiera bloquee la cuenta. Con la resolución publicada hoy, este trámite se agilizará y se realizará de forma telemática. Para Hacienda, el nuevo proceso ahorrará tiempo porque ya no será necesario la personación de agentes tributarios en las sucursales y también se evitará perturbar el funcionamiento habitual de las oficinas bancarias.

El 4 de febrero de 2016 salió publicada en el BOE la Resolución del ICAC sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación al periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, que remplaza y deroga a la anterior de fecha 29 de diciembre de 2010. Esta resolución entró en vigor el 5 de febrero de 2016 y será de aplicación con carácter retroactivo para las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Para las memorias abreviadas y PYMES solo se incluirá información respecto al periodo medio de pago a proveedores, y con independencia del modelo de memoria utilizado, las sociedades deberán informar y aclarar cuales son los motivos de las distorsiones del resultado obtenido en el cálculo del mismo.

Cabe destacar, que las sociedades mercantiles cotizadas, además deberán publicar en su página web su periodo medio de pago a proveedores. Las sociedades mercantiles que no sean cotizadas y no presenten cuentas anuales abreviadas, deberán también publicar su periodo medio de pago a proveedores en su página web, en el caso de que dispongan de ella.El 4 de febrero de 2016 salió publicada en el BOE la Resolución del ICAC sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación al periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, que remplaza y deroga a la anterior de fecha 29 de diciembre de 2010. Esta resolución entró en vigor el 5 de febrero de 2016 y será de aplicación con carácter retroactivo para las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.