La orden ministerial del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de 30 de octubre de 2020, que ha publicado el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, ha sido, sin duda, una de las novedades normativas que más repercusión mediática ha tenido en las últimas semanas.
El procedimiento de actuación establece cuatro niveles diferentes de activación que pretenden detectar las campañas de desinformación, analizar sus posibles impactos en la seguridad nacional y gestionar situaciones de crisis derivadas de dichas campañas. Asimismo, se prevé que para la detección de campañas de desinformación se podrá solicitar la colaboración de, entre otros, los medios de comunicación.
A pesar de que, desde hace años, las instituciones europeas han mostrado su preocupación por las denominadas ‘fake news’ y han animado a los Estados miembros a que adopten estrategias de lucha contra las mismas, la orden ministerial ha sido duramente criticada por la mayoría de los grupos políticos de la oposición, así como por los principales medios de comunicación. En concreto, las voces más críticas sostienen que la norma supone un grave ataque a la libertad de expresión y de prensa pues da cobertura legal a censurar y vigilar a los medios de comunicación.
No obstante, tras su aprobación, el portavoz de la Comisión Europea ha dado el visto bueno a la orden, sosteniendo que el objetivo de la misma es la participación de España en el plan de acción de la Unión Europea contra la desinformación.
La orden ministerial del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de 30 de octubre de 2020, que ha publicado el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, ha sido, sin duda, una de las novedades normativas que más repercusión mediática ha tenido en las últimas semanas.
El procedimiento de actuación establece cuatro niveles diferentes de activación que pretenden detectar las campañas de desinformación, analizar sus posibles impactos en la seguridad nacional y gestionar situaciones de crisis derivadas de dichas campañas. Asimismo, se prevé que para la detección de campañas de desinformación se podrá solicitar la colaboración de, entre otros, los medios de comunicación.
A pesar de que, desde hace años, las instituciones europeas han mostrado su preocupación por las denominadas ‘fake news’ y han animado a los Estados miembros a que adopten estrategias de lucha contra las mismas, la orden ministerial ha sido duramente criticada por la mayoría de los grupos políticos de la oposición, así como por los principales medios de comunicación. En concreto, las voces más críticas sostienen que la norma supone un grave ataque a la libertad de expresión y de prensa pues da cobertura legal a censurar y vigilar a los medios de comunicación.
No obstante, tras su aprobación, el portavoz de la Comisión Europea ha dado el visto bueno a la orden, sosteniendo que el objetivo de la misma es la participación de España en el plan de acción de la Unión Europea contra la desinformación.
La orden ministerial del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de 30 de octubre de 2020, que ha publicado el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, ha sido, sin duda, una de las novedades normativas que más repercusión mediática ha tenido en las últimas semanas.
El procedimiento de actuación establece cuatro niveles diferentes de activación que pretenden detectar las campañas de desinformación, analizar sus posibles impactos en la seguridad nacional y gestionar situaciones de crisis derivadas de dichas campañas. Asimismo, se prevé que para la detección de campañas de desinformación se podrá solicitar la colaboración de, entre otros, los medios de comunicación.
A pesar de que, desde hace años, las instituciones europeas han mostrado su preocupación por las denominadas ‘fake news’ y han animado a los Estados miembros a que adopten estrategias de lucha contra las mismas, la orden ministerial ha sido duramente criticada por la mayoría de los grupos políticos de la oposición, así como por los principales medios de comunicación. En concreto, las voces más críticas sostienen que la norma supone un grave ataque a la libertad de expresión y de prensa pues da cobertura legal a censurar y vigilar a los medios de comunicación.
No obstante, tras su aprobación, el portavoz de la Comisión Europea ha dado el visto bueno a la orden, sosteniendo que el objetivo de la misma es la participación de España en el plan de acción de la Unión Europea contra la desinformación.