Tras la sentencia de fecha 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional por la que declaraba improcedente exigir la plusvalía municipal cuando no existe un incremento real del valor del terreno entre su adquisición y su transmisión -al vulnerar el principio constitucional de capacidad económica-, Hacienda, ante las dudas suscitadas, se plantea elaborar un protocolo de actuación tanto para los contribuyentes como para los ayuntamientos, así como para las entidades recaudadoras del impuesto, con el fin de esclarecer el modo de actuar de las partes implicadas.
Tras la sentencia de fecha 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional por la que declaraba improcedente exigir la plusvalía municipal cuando no existe un incremento real del valor del terreno entre su adquisición y su transmisión -al vulnerar el principio constitucional de capacidad económica-, Hacienda, ante las dudas suscitadas, se plantea elaborar un protocolo de actuación tanto para los contribuyentes como para los ayuntamientos, así como para las entidades recaudadoras del impuesto, con el fin de esclarecer el modo de actuar de las partes implicadas.
Tras la sentencia de fecha 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional por la que declaraba improcedente exigir la plusvalía municipal cuando no existe un incremento real del valor del terreno entre su adquisición y su transmisión -al vulnerar el principio constitucional de capacidad económica-, Hacienda, ante las dudas suscitadas, se plantea elaborar un protocolo de actuación tanto para los contribuyentes como para los ayuntamientos, así como para las entidades recaudadoras del impuesto, con el fin de esclarecer el modo de actuar de las partes implicadas.